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2018ko Otsailaren 16ean argitaratutako albistea, Donostian.
Seis jóvenes atendidas por la Diputación estudian en la UPV/EHU con el apoyo del programa pionero Arrakasta
La Diputación Foral y la Universidad del País Vasco firman un convenio para crear condiciones para el éxito académico de estas personas jóvenes
Seis jóvenes atendidas por la Diputación Foral de Gipuzkoa están desarrollando sus estudios universitarios con el apoyo del programa pionero Arrakasta para desarrollar el éxito académico, que han firmado el ente foral y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), dentro del Plan Elkar-EKIN de Inclusión Social de Gipuzkoa 2016-2020. Se trata de jóvenes que, habiendo llegado a su mayoría de edad bajo medidas de protección a la infancia y la adolescencia e inclusión social de la Diputación, o que aún siguen estando bajo esta medida de protección, han podido iniciar estudios universitarios en la UPV/EHU. Más concretamente, tres de estas jóvenes viven en pisos de emancipación para jóvenes (18 a 23 años), dos de ellas son apoyadas desde el programa de acompañamiento especializado, y una de ellas vive con una familia de acogida.
El convenio, pionero en el Estado, tiene su origen en una investigación predoctoral desarrollada por Joana Miguelena del Grupo Garaian de la UPV/EHU que analiza los itinerarios educativos de las personas menores de edad tuteladas en Gipuzkoa e identificaba además casos de éxito: jóvenes que accedían a la educación superior, aunque esta circunstancia coincidía precisamente con el fin de la situación de acogimiento o protección institucional. Fruto de esa investigación, la Diputación Foral y la UPV/EHU han diseñado y puesto en marcha el programa Arrakasta, un programa pionero e inédito que facilita los itinerarios académicos en la universidad a jóvenes que hayan llegado a la mayoría de edad bajo medidas de protección, es decir, a aquellos que están en pisos de protección o bajo programas de acompañamiento de la Diputación Foral.
El convenio ha sido presentado esta mañana por el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y la rectora de la UPV/EHU, Nekane Balluerka, junto a la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, la vicerrectora de Alumnado y Empleabilidad de la UPV/EHU, Txelo Ruiz, y dos de las participantes del programa Arrakasta.
Según ha destacado en su intervención el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, el principal objetivo del convenio Arrakasta es “reforzar” las condiciones existentes que “resultan imprescindibles” para favorecer el éxito académico universitario de estas jóvenes personas. “Y esto supone una coordinación a varios niveles entre la Diputación (red de atención secundaria del Sistema Vasco de Servicios Sociales), la UPV/EHU (personal académico y servicios técnicos de atención al alumnado), y las personas que vayan a tomar parte, abogando por la igualdad de oportunidades y por una educación inclusiva”, ha añadido Olano.
Por su parte, la rectora de la UPV/EHU, Nekane Balluerka, ha subrayado que “la igualdad de oportunidades entre todas las personas es un objetivo básico de una universidad pública. El programa Arrakasta representa, en ese sentido, una iniciativa sugestiva y ambiciosa, que queremos consolidar y que puede ser, en el futuro, un modelo aplicable en otros territorios. Surge de la Universidad, a la vista de exitosos casos de integración social desarrollados en la UPV/EHU. Sin duda el trabajo académico se basa en el esfuerzo personal, pero antes es necesario ofrecer a todas las personas esa oportunidad, la oportunidad de acceder a la educación universitaria y desarrollar su formación al máximo nivel de exigencia. Quiero agradecer la excelente acogida que ha tenido esta propuesta por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa y garantizar el compromiso de la Universidad del País Vasco en su desarrollo”.
En virtud del acuerdo suscrito entre el ente foral y la Universidad del País Vasco, también se coordinarán los recursos de ambas partes con objeto de alinearlos de forma efectiva en la consecución del éxito académico de este colectivo de jóvenes. Así, los compromisos y responsabilidades que asumen las partes son, por parte de la UPV/EHU, “poner en marcha un programa de acogida y seguimiento, desde el mismo momento en que una persona con el citado perfil vaya a matricularse en la UPV/EHU”. Y en lo que respecta al apoyo académico, durante su itinerario educativo “se establecerá un programa de acompañamiento a este alumnado a través de un tutor o tutora que asumirá el seguimiento académico del mismo”. Asimismo, la UPV/EHU creará un fondo para ayudar puntualmente en los gastos derivados de los estudios universitarios, y gestionar el mismo.
Y por parte de la Red foral de servicios de protección a la infancia y la adolescencia se está llevando a cabo una detección temprana de itinerarios de educación superior. “Se trata de abrir las perspectivas y plantear posibilidades desde edades tempranas con objeto de crear un ambiente de altas expectativas académicas. De este modo recogemos sistemáticamente, a partir de los 16 años de edad, los datos del nivel educativo y del itinerario educativo que desean las personas que están bajo una medida de protección de acogimiento residencial y familiar”, ha subrayado el diputado general. “Con ello pretendemos detectar y conocer quiénes podrían, en un futuro, acogerse a este Programa Arrakasta”.
Mantener recursos de inserción
Por otra parte, Olano ha incidido en que se debería “seguir manteniendo” en los recursos de inserción los aspectos que estas y estos estudiantes consideran facilitadores en un itinerario exitoso, pero “adecuándolos a la situación particular del colectivo universitario”. A su vez, ha resaltado que “se podría valorar la opción de garantizar la prestación económica para jóvenes tras la salida de los recursos residenciales de inserción si en el momento de la salida no se tiene un trabajo estable (+ de 6 meses) que permita garantizar una cobertura de las necesidades básicas, de modo que a partir de los 23 años puedan acceder a la Renta de Garantía de Ingresos”.
En lo referente a jóvenes que están percibiendo la prestación para jóvenes, desde la Diputación se plantea incluir una cantidad económica que permita asumir los gastos derivados de los estudios, de manera complementaria a las becas del Gobierno Vasco. “Y en el caso de jóvenes que están en un programa de acogimiento familiar –ha añadido el diputado general- planteamos garantizar el mantenimiento de la ayuda económica del programa de emancipación en acogimiento familiar (hasta 600 euros/mes) durante todo el itinerario formativo (limitado hasta los 23 años) y sin vacíos en las posibles transiciones hacia otros programas. También proponemos un acceso a apoyo psicológico en caso de necesidad, un seguimiento periódico del proceso personal y formativo del o la joven”.
A su vez, desde la Red de Servicios Sociales de Atención Secundaria se plantea una acogida y seguimiento en el itinerario de educación superior. “En este caso debemos tener en cuenta las situaciones típicas con las que tendremos que trabajar: Chicas y chicos que están en un recurso residencial de inserción, para lo cual alargaremos el tiempo de contrato de estancia de jóvenes que estén cursando estudios superiores, al correspondiente a un curso académico entero”, ha especificado el diputado, antes de indicar que esta medida “sería prorrogable hasta los 23 años, e incluirá en los servicios de alojamiento una cantidad económica que permita a las chicas y chicos poder asumir los gastos derivados de los estudios, de manera complementaria a las becas del Gobierno Vasco”.
Por último, se realizará un seguimiento técnico periódico que permita monitorizar y atender de forma eficaz el proceso de cada una de las personas participantes en Arrakasta. Y además se creará una comisión para el seguimiento del presente convenio compuesta por 2 representantes de la Diputación Foral de Gipuzkoa (Jefe del Servicio de Protección a la Mujer Víctima de Violencia Machista y de Inclusión Social, así como una trabajadora social del citado servicio) y 2 miembros de la UPV/EHU (Responsable del programa y Vicerrectora de Alumnado y Empleabilidad o persona en quien delegue).
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Bibliografia:
Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU). (16/02/2018). Seis jóvenes atendidas por la Diputación estudian en la UPV/EHU con el apoyo del programa pionero Arrakasta (online).
https://www.ehu.eus/fr/campusa/edukia/-/asset_publisher/lS9i/content/seis-jovenes-atendidas-por-la-diputacion-estudian-en-la-upv-ehu-con-el-apoyo-del-programa-pionero-arrakasta/pop_up?_101_INSTANCE_lS9i_viewMode=print&_101_INSTANCE_lS9i_languageId=fr_FR  
Se disparan las agresiones en los centros de menores
Los trabajadores de la DGAIA sufrieron 235 ataques en 2017.
Los trabajadores de los 15 centros de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat (DGAIA) sufrieron en 2017 un total de 235 agresiones por parte de los menores ingresados, según datos de la UGT.
El sindicato denunció ayer ante Inspección de Trabajo “la situación de inseguridad” de los trabajadores de la dirección y “la falta de voluntad por parte de la Administración” para ponerle remedio. Desde UGT también ponen énfasis en el número creciente de denuncias en los últimos años con un aumento del 422% en los cuatro años anteriores.
El incremento del número de denuncias se hace evidente atendiendo a las cifras proporcionadas por el sindicato: en 2013 se denunciaron 45 agresiones; en 2014 el número de agresiones denunciadas fueron 86; 135 en 2015; en 2016 se denunciaron 207 agresiones y el año pasado el número de agresiones denunciadas fue de 235. Se trata de cifras todavía provisionales puesto que los delegados de prevención siguen recibiendo información sobre incidentes ocurridos el año pasado.
Para UGT, el aumento de las cifras pone de manifiesto que el protocolo antiviolencia de la DGAIA no funciona. El nuevo protocolo está en vigor desde el mes de julio del año pasado, y el sindicato denuncia que la administración se escuda en él o en las mesas técnicas que se están desarrollando, algo que resulta insuficiente.
El protocolo actual establece que, ante casos de agresiones reiteradas, la DGAIA se coordinará con Fiscalía de Menores, pero el sindicato asegura que “en la mayoría de centros hay algunos menores de edad ingresados con conductas de violencia reiteradas y que no reciben ninguna respuesta más allá de las actuaciones internas del centro”.
Por ejemplo, en los tres centros de infancia que dependen del Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona “todavía no aplican este protocolo”, a pesar de ser centros públicos y con problemas de violencia en todos, según la UGT.
Los trabajadores de la dirección general perciben que la sensación de seguridad ha disminuido. Según el sindicato, la percepción de falta de seguridad “es cada vez mayor y hay una auténtica falta de voluntad por parte de la Administración para poner medidas que solucionen de verdad este gravísimo problema”.
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Muere una menor tutelada en un centro de Almería
Al parecer la víctima se desplomó y falleció "de forma repentina", según Salud.
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Almería ha informado este jueves del fallecimiento "de forma repentina" de una menor tutelada, natural de Granada, en el Centro de Protección de Menores 'La Casa', en la localidad almeriense de Purchena.
Según ha indicado la Junta en un comunicado, en el que ha trasladado su "pesar" por estos hechos, la menor vivía en este centro desde comienzos del mes de enero. Los profesionales de 'La Casa' han detectado a primera hora de la mañana que había sufrido un desvanecimiento y la han trasladado de forma inmediata al centro de salud de Olula del Río.
Una vez en el centro sanitario, los profesionales sanitarios han tratado de reanimarla sin éxito, según las mismas fuentes. "Se está a la espera de las decisiones que adopte la Autoridad Judicial, en relación a la realización de una posible autopsia que determine con claridad las causas del fallecimiento", han añadido desde el Gobierno andaluz.
Vecinos denuncian la difícil convivencia con 24 menores tutelados
Las medidas que ha puesto en marcha la Generalitat para acoger a los menores extranjeros no acompañados ('menas') que llegan a Catalunya, la mayoría procedentes de El Magreb, han demostrado que son simplemente parches. La improvisación y la falta de recursos adecuados han convertido la acogida en cualquier cosa menos en algo parecido a la integración.
Alojamientos en casas de colonias, sobreocupación en centros de menores donde duermen en colchones esparcidos en el suelo y alquiler de viviendas en comunidades de vecinos, donde las quejas no tardan en llegar. Esto es lo que ha sucedido en el edificio de la calle Pere IV, 76 de Barcelona. En este inmueble del Poblenou en el que residen tan solo nueve vecinos, cinco de los cuales están entre los 70 y los 90 años, más una familia con un bebé, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), dependiente de la Conselleria de Afers Socials, ha alojado a 24 menores tutelados. Los menores ocupan tres de los nueve pisos que tiene el edificio.
Cristales rotos
Las tres viviendas, propiedad del mismo dueño, las alquiló el pasado mes de agosto la fundación Ibn Battuta. La Generalitat contrató a esta entidad, presidida por Mohammed Chaib, para que supervisara a los menores. En principio eran 27, pero tres han sido trasladados a otros espacios. La finca no reúne unas mínimas condiciones. Las obras para instalar el ascensor comenzaron hace año y medio y están paralizadas sin que elevador se haya puesto en funcionamiento. Los sacos de material todavía no han sido retirados. Las bombillas cuelgan en la escalera de un largo cable al aire, los cristales de la puerta han estado un tiempo rotos, lo mismo que los buzones, que están reventados. En el patio de la fachada posterior se acumula la porquería e incluso alguien ha abandonado un colchón.
Los vecinos se quejan de los gritos, ruidos y peleas que se dan a menudo en la escalera, pese a que los menores están supervisados por educadores sociales. Las llamadas a la Guardia Urbana y a los Mossos de'Esquadra son constantes. Los antiguos inquilinos evitan por todos los medios culpabilizar a los jóvenes de la situación y responsabilizan de los problemas a la Administración. "¿A quién se le ocurre alojar a 24 adolescentes en una finca de tan solo 9 vecinos?", se preguntan. Y añaden: "Lo mismo da que sean extranjeros que de aquí, el descontrol sería el mismo". Los vecinos aseguran que han metido a los menores "en un gheto. Así –añaden- no tienen la segunda oportunidad que se les pretende dar". Este colectivo ha llegado a Catalunya en busca de una nueva vida.
Portazo de la educadora
Las puertas de los tres pisos arrendados por Ibn Battuta suelen estar abiertas, con lo que los menores saltan de una vivienda a otra. De hecho este diario pudo acceder a una de ellas sin que apareciera ninguna persona pese a requerir su presencia. Finalmente, una educadora social se negó a contrastar la información de los vecinos y acto seguido dio un portazo que no hizo más que ratificar que las quejas de los vecinos por golpes y ruidos estaban más que justificadas.
Este conflicto, pese a que es conocido por todas las partes implicadas, no se ha solventado en casi siete meses de convivencia. La DGAIA reconoce que es "consciente" de la situación. "Lamentamos el perjuicio vecinal", aseguran. Un portavoz del organismo afirma que están intentando buscar soluciones, pero no se prevé que sean a corto plazo. Los vecinos, sin embargo, rebaten estos buenos propósitos de la Generalitat porque desde hace cuatro meses les prometen a ellos lo mismo y todo sigue igual. Un portavoz de la dirección general señala que hay "muchos pisos con 'menas' en comunidades de vecinos". Sin embargo, indica "que no se han producido conflictos".
Acciones legales
La asociación de vecinos del Poblenou también está intentado mediar en este tema que califica de "complejo" y están en contacto con el distrito. Salvador Clarós, presidente de la entidad, ha asegurado que han presentado una queja al Síndic de Greuges de Catalunya porque "hay distintas administraciones implicadas. Está claro que alguien está incumpliendo su responsabilidad".
El asesor de la propiedad Luis M. Pahissa, con el que este diario ha intentado contactar por escrito y por teléfono, remitió una carta al presidente de Ibn Battuta el pasado 23 de enero anunciándole que daba por rescindidos los contratos de arrendamiento de los tres pisos y que si no se iban emprendería acciones legales. Sin embargo, este viernes nadie había hecho todavía las maletas.
Según se desprende en el escrito "la DGAIA ya le había avisado a Mohammed Chaib que los pisos no reunían las condiciones para los que la fundación los estaba utilizando". Pahissa le ha comunicado a Ibn Battuta que los educadores están desbordados hasta el punto que le han asegurado que "no pueden hacer nada para controlar la situación". De hecho, los vecinos denuncian el constante movimiento de educadores: "No duran nada, cada día aparece personal nuevo y así es difícil establecer vínculos con los adolescentes". Los menores permanecen largas horas en la calle y en la puerta de una lavandería sin nada que hacer. La entidad pese a los numerosos intentos se ha negado a contrastar la información y ha dado la callada por respuesta.
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